Hace un año, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, con la gobernabilidad que le brinda la Nueva Asamblea, marcó un punto de inflexión en la historia de El Salvador.
Tras el asesinato de 87 salvadoreños a manos de grupos criminales en tres días, la Nueva Asamblea aprobó, la madrugada del domingo 27 de marzo, la solicitud del mandatario para declarar régimen de excepción.
El art. 29 de la Constitución del República se convirtió en una herramienta clave para acabar con las pandillas que por décadas amedrentaron a los salvadoreños.
El mayor de los cuerpos jurídicos establece que el régimen podrá ser establecido en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público.
El régimen de excepción permite suspender las garantías constitucionales suspendidas por 30 días son las contempladas en los artículos 7, 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Carta Magna. Estos artículos contemplan la libertad de asociación, derecho de la defensa, plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones”.
Esta herramienta jurídica complementó y robusteció los logros del Plan de Control Territorial, dando paso a la recuperación de las comunidades que habían sido tomadas por las pandillas a lo largo y ancho del país.
Las detenciones iniciaron desde el día uno y han seguido a un año de prorrogar mes con mes el régimen de excepción. Además, ha permitido acabar con el sustento financiero de estos grupos criminales: la extorsión.
A un año de su aprobación suman 66,417 pandilleros detenidos.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha sido categórico al afirmar que los diputados comprometidos con los salvadoreños seguirán respaldado el régimen de excepción hasta que el último pandillero esté tras las rejas pagando el daño hecho a la población.
“Sabemos que el único lugar para los criminales es la cárcel. No las calles, ni los barrios, ni las colonias. Jamás volverán a imponer su ley a nuestra gente. Esa gente que ahora nos pide seguir unidos para superar, por fin, el dolor y la zozobra que nos quisieron imponer”, ha expresado el presidente.
Las pandillas son los autores de delitos como homicidios, violaciones, extorsiones, usurpación de propiedades, entre otros.
La mayor parte de los salvadoreños en el territorio respalda la medida y, sobre todo, pueden percibir un antes y un después. Diversas encuestas han revelado que, de 10, nueve ciudadanos dicen sí al régimen que les ha permitido entrar y salir de sus comunidades con total tranquilidad.
La tasa más alta de los últimos años se registró durante el gobierno del prófugo Salvador Sánchez Cerén, en 2015 cuando llegó a 104 homicidios por cada 100,000 habitantes. En contraste, de acuerdo con cifras oficiales, en 2022 se tuvo una tasa de 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que demuestra una drástica reducción al hacer la comparación con años anteriores.
Leave a Reply