Una investigación de la corte de cuentas apunta irregularidades en dos contratos suscritos por el TSE para las elecciones presidenciales que se realizaron en el 2019. Por ello, Julio Olivo, quien dirigía el organismo para ese entonces, es enviado a juicio de cuentas por $143,032.
La investigación que constó de un examen, ejecutado por la Dirección de Auditoría Uno y cuya versión pública consta de 30 página, fue develado en el sitio web por el ente contralor y pasará a una de las cámaras como parte del proceso de juicio de cuentas para determinar la responsabilidad administrativa o patrimonial, o ambas, de los funcionarios involucrados.
Todo apunta que, el TSE adjudicó el contrato CD-01/ TSE/PEE-2019 por $101,710.35 a la empresa Lemusimun Publicidad, S. A. de C. V., para que ofrecida el «servicio de agencia de publicidad para el desarrollo de la fase 1: campaña de consulta de verificación de datos en el registro electoral para el evento electoral 2019».
En la auditoría, el TSE es cuestionado por no haber dado el «seguimiento a la ejecución de las cláusulas contractuales», así como no hay evidencia, según la CCR, de que la empresa dio cumplimiento al plan de medios, los productos realizados, la ejecución y alcances de la campaña publicitaria presentada.
Además, el TSE, en el contrato LG-60/TSE/PEE-2019, que el TSE consintió para el «servicio de radiocomunicación portátil, necesario para el desarrollo de actividades propias del evento electoral 2019» por $41,321.70, no tiene las actas de recepción, entrega o asignación del total de las radios de comunicación portátil contratadas y tampoco hay pruebas de que al finalizar el evento electoral fueron devueltas por el personal al que se le asignó.
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