Grupos indígenas, sindicatos y comerciantes de mercados en Guatemala se manifestaron el día de ayer, contando con este el octavo día de protestas, afirmando paro nacional indefinido. El objetivo de las manifestaciones es la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, en varias sedes de la Fiscalía.
Los líderes de comunidades y ciudadanía los acusan de corrupción por allanar las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante supuestas irregularidades en las elecciones del 25 de junio.
Los pobladores exigen que se cumpla la democracia en las votaciones de junio y del 20 de agosto, en la segunda vuelta electoral, en la que se definió el gane de Bernardo Arévalo como presidente electo.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, publicó “La persona directamente responsable de la crisis política que estamos viviendo es Consuelo Porras, quien ha utilizado la institución del Ministerio Público para intentar alterar el orden constitucional. Ahora aprovecha para culpar a la población que defiende la democracia, pero el rechazo hacia ella y sus acciones es total, profundo y absoluto. El único camino digno es su renuncia inmediatamente”.
Por otra parte, Consuelo Porras, dijo en un comunicado, “Como fiscal general, estoy obligada a investigar todos los hechos denunciados, y debo garantizar el estricto cumplimiento de la Constitución, de las leyes del país y las convenciones en materia de derechos humanos”.
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