La Asamblea Legislativa aprobó aprobó este martes la nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La iniciativa busca actualizar la legislación vigente desde 1999 y alinear al país con compromisos internacionales.
La normativa permitirá sancionar eficazmente delitos como el lavado de dinero y otras actividades criminales vinculadas a la delincuencia organizada. Durante su participación en la comisión de Seguridad, el fiscal Rodolfo Delgado destacó que la ley es urgente para modernizar el marco legal y garantizar la inclusión financiera, evitando restricciones arbitrarias al acceso al sistema bancario.
El proyecto propone la creación de un Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción de estos delitos, liderado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), con cooperación entre los tres poderes del Estado y otras entidades clave. Asimismo, redefine los sujetos obligados, limitando la carga administrativa a quienes representan un riesgo real.
Se incluyen sectores como finanzas, casinos, joyerías, comercio de metales preciosos, abogados, notarios y proveedores de servicios de activos digitales, garantizando que solo quienes manejen operaciones con riesgo real estén sujetos a supervisión.
La ley contempla la creación del Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT), presidido por el Fiscal General e integrado por altos funcionarios y representantes del sector financiero, con facultades para coordinar acciones, aprobar estrategias nacionales y emitir directrices técnicas.
Las sanciones previstas son severas: multas para personas naturales y jurídicas, suspensión de operaciones, inhabilitación de funcionarios y penas de 9 a 15 años de prisión para quienes laven activos provenientes de delitos, con aumento de penas si se trata de delitos contra la administración pública o uso de personas jurídicas.
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